Los chips de IA de última generación no recorren una línea recta desde una fábrica hasta un cliente. Se diseñan en un país, se fabrican o encapsulan en otro, terminan integrados en servidores y pasan después por distribuidores, centros de datos y compradores finales. En ese recorrido intervienen controles de exportación, declaraciones de uso y verificaciones destinadas a impedir que determinada tecnología llegue a destinos restringidos. El caso que acaba de salir a la luz en Taiwán muestra qué ocurre cuando, según los fiscales, varias de esas barreras se sortean desde dentro.
La acusación ya está sobre la mesa. La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, ha acusado a nueve personas. Ocho aparecen vinculadas al supuesto esquema para exportar ilegalmente servidores de IA de alta gama, entre ellas un empleado de NVIDIA Taiwan y dos de Super Micro Taiwan. El noveno acusado figura en otra rama relacionada con el presunto vaciamiento patrimonial de una distribuidora, en la que también están acusados dos de los otros ocho. Eso sí, hablamos de personas concretas, no de cargos contra NVIDIA o Super Micro como compañías.