Japón lleva años enfrentándose a una ecuación demográfica difícil de resolver: cada vez nacen menos niños, la población envejece y faltan trabajadores para sostener sectores enteros de la economía. La respuesta inevitable ha sido abrir más espacio a la inmigración, hasta superar los 4,12 millones de residentes extranjeros. Pero justo cuando más depende de ellos, el Gobierno de Sanae Takaichi ha decidido endurecer drásticamente las condiciones para quedarse: desde octubre, solicitar la residencia permanente cuesta 20 veces más.
De 10.000 a 200.000 yenes. No es baladí, porque la subida es la mayor aplicada hasta ahora a la residencia permanente en Japón: la solicitud pasa de unos 64 dólares a aproximadamente 1.270, un incremento cercano al 2.000% si se compara con la tarifa inmediatamente anterior. La perspectiva es todavía más llamativa si se toma como referencia la antigua tarifa general de 6.000 yenes que citan algunos medios. En esos casos aparecen porcentajes superiores al 3.000%.