Cuando reservamos un billete de tren o alquilamos un coche, solemos prestar atención al precio, al horario o a las condiciones del servicio. Mucho menos a lo que ocurre con los datos personales que dejamos durante la operación y a cuántas empresas pueden intervenir para que todo funcione. Detrás de una transacción cotidiana puede haber una cadena de sistemas y proveedores que apenas vemos, pero de los que depende la seguridad de nuestra información. Y cuando una de esas piezas resulta atacada, las consecuencias pueden ir mucho más allá de un servicio que deja de funcionar.
La alarma ha llegado al Gobierno. Japón atraviesa una oleada de ciberataques que ha provocado una reacción al más alto nivel. El 9 de octubre, el gobernante Partido Liberal Democrático celebró una reunión extraordinaria de su órgano de estrategia de ciberseguridad, presidido por Masaaki Taira, diputado japonés y exministro de Transformación Digital, quien describió la situación como un «estado de emergencia en el ciberespacio», según recoge el Financial Times. Un día antes, el Ejecutivo había convocado una reunión interministerial y, el propio viernes, su Oficina Nacional de Ciberseguridad emitió una advertencia para reforzar la vigilancia. No obstante, las palabras de Taira no equivalen a una declaración formal de emergencia.