Las convocatorias electorales (sobre todo las adelantadas, como es el caso) suelen elevar el tono del debate político. El 29-N lo que está recrudeciendo es el debate jurídico. Y todo a costa de una normativa de 2022. La conocida como ‘ley de nietos’ se ha convertido en una pieza clave del panorama preelectoral español, el foco de una espinosa controversia que, además de a los partidos, ha enredado al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Junta Electoral. Es comprensible si se tiene en cuenta qué está en juego: quiénes podrán acudir a las urnas en noviembre.
Para los servicios jurídicos del Estado, el dilema es el siguiente: ¿Qué hacer con miles de españoles inscritos en el CERA, el censo de votantes que viven en el extranjero?