La escena parece sacada de Ally McBeal: un abogado presenta un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra un fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dentro hay 48 citas de sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que, simple y llanamente, no existen. Se los sacó de la manga ChatGPT, ni siquiera una herramienta de IA diseñada para el ámbito jurídico. Un invent de toda la vida.
El letrado nunca comprobó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente, ni cruzó los datos con el Cendoj, la base de jurisprudencia gratuita y de acceso universal. ¿El resultado? Una multa irónica, 450 euros, en base a calcular la mitad del coste anual de una suscripción a una IA jurídica fiable. Es decir, el TSJ le tiró de las orejas con una sanción simbólica para que no se le olvidase el espanto.