Imagina que el Gobierno cierra una empresa pública, traspasa su principal activo (más de 40.000 viviendas) a otra empresa pública recién creada y despide a quienes llevan años gestionándolo. Y que la nueva empresa publica (esta vez sin tilde) a la vez más de 200 plazas para hacer un trabajo parecido. Eso es, según el sindicato CSIF, lo que ocurre entre Sareb y Casa 47. El Gobierno no ha dado marcha atrás y el sindicato ya ha ido a los tribunales. Lo que está en juego es el empleo de 274 personas. Pero vamos por partes.
Qué es Sareb. Es una sociedad apodada «el banco malo«. La creó en noviembre de 2012 el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para quedarse con los inmuebles y préstamos tóxicos de las cajas de ahorros y bancos rescatados en la crisis financiera, unos 50.000 millones, y venderlos para recuperar lo posible. Saldar lo que no se vendía. Se le dieron 15 años de vida. Entrará en liquidación el 28 de noviembre de 2027, y desde 2022 su capital es mayoritariamente público. Hacienda cifró el deterioro patrimonial de Sareb en 20.585 millones en las cuentas del Estado de 2025, según recuerda la demanda. No ha sido rentable, no.