A 1.750 metros bajo el lecho marino, frente a Vinaròs, hay un almacén de gas que nunca ha vendido ni un solo metro cúbico. Cuatro gobiernos distintos, dos colores políticos y 4.700 millones de euros en total, según la propia orden ministerial de 2017, el Castor sigue ahí: sellado, hibernando y, aun así, generando facturas. La última: 200 millones de euros, con previsión —otra más— de cerrarlos «este verano» y gastar otros 50 millones en desmantelamiento. Sumado todo, la factura pública y de los consumidores ya se acerca a los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria calculó en 2013. Enagás, entretanto, cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio de 126,9 millones, un 27,9% menos que en el mismo periodo de 2025.
El origen. La idea ya figuraba en la planificación energética de 2002, bajo gobierno de José María Aznar, aunque se descartó por prematura. En 2006, con Zapatero y Montilla en Industria, Castor pasó a ser «urgente» y «prioritario». La concesión, otorgada por el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo a Escal UGS —66,67% de ACS, el resto de la canadiense Dundee—, incluía una cláusula rarísima en su artículo 4: si la concesión se extinguía, la empresa cobraría el valor de sus instalaciones aunque mediara «dolo o negligencia» por su parte. El decreto, de 30 años de duración prorrogables a otros 20, fue modificado en 2011 para ajustar plazos de puesta en marcha, ya con retraso. El ministro que la firmó, Miguel Sebastián, culpó después a su antecesor, Joan Clos, de habérsela colado.